15-M: legalidad y representatividad

El mismo día en que cientos de personas se congregan frente al
parlamento, el presidente de susodicho órgano de poder propone rebajar
de tres a dos los días de “trabajo” a sus excelentísimas señorías.

Mientras, un poco más abajo en esta piel de toro, PSOE y PP se niegan
a que representantes del 15-M comparezcan en el parlamento andaluz.
Esa es la cruda e irónica realidad de la que disfrutamos. Esa es la
asfixiante y rotunda realidad, le pese a quien le pese.

…Y le pese a quien le pese, las protestas ya han llegado al centro de
los órganos rectores de la burguesía en su conjunto. Diversas voces
desde distintos sectores proclamaban, en tono conspiranoico, que el
único objetivo del movimiento 15-M era atacar al PP. Por si el
resultado del último circo de “electores” y “elegidos” no lo había
dejado claro (no hay peor ciego que aquel que no quiere ver), las
protestas frente al mismísimo núcleo del poder estatal ya no deben
dejar lugar a dudas: el movimiento considera, inequívocamente, que la
falta de legitimidad opera desde ambas manijas del poder estatal,
denominadas PP y PSOE. Hecha esta necesaria puntualización,
intentaremos arrojar cierta luz sobre dos asuntos que no dejan de
estar en boga hoy en día: legalidad y representatividad.

Acerca de la “legalidad”

Si hay un argumento frente al que todo intento de transformación se
topa, es el de los límites de la legalidad. Una abrumadora batería de
legislaciones y normas es arrojada sistemáticamente a la cara de todos
aquellos que osan moverse porque han sentido sus cadenas. Pero es
evidente que sus argumentos son falaces: la transformación de la
realidad incide, (y debe incidir, pues no hay otro camino) en la
ilegalidad. Dicho de otro modo: todo movimiento político implica una
confrontación, y la fuerza de este se expresa en hasta qué punto puede
poner la legalidad actual en suspenso y crear una nueva, acorde a sus
propios intereses.

En ese sentido, es más que sintomático advertir cómo en un principio,
y para conseguir legitimidad cuando el movimiento estaba aún en fase
de crecimiento, se echaba mano de las propias leyes del enemigo para
justificar la posibilidad de su existencia. Pocas personas hoy no
saben que, según la “sacrosanta” constitución del Estado español, “Se
reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de
este derecho no necesitará autorización previa.”. Sin embargo, y como
bien apuntó el pensador griego Anacarsis, “la ley es como una
telaraña: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes
las rompen”; tras advertir cómo desde el Estado, a través de la junta
electoral, se iban ilegalizando sistemáticamente todas las
concentraciones acaecidas en las plazas españolas, el movimiento,
consciente ya de su fuerza, dio un paso al frente. Sólo así se explica
cómo uno de los eslóganes más repetidos aquellos días fuese el de “el
pueblo declara ilegal a la junta electoral”. Esto, en sí, es la
expresión, primero, de una confrontación, y segundo, de una
constatación de fuerza. Y es la expresión de una confrontación porque
toda ley, sin excepción, es expresión de unos intereses determinados.
Que esos intereses se vean cuestionados o no depende de muchos
factores, pero la falta de cuestionamiento no elimina su carácter.
Hacer creer que esos intereses materializados en normas expresan la
voluntad del conjunto de la población es, cuanto menos, ingenuo, algo
análogo a esa persistente creencia en la existencia per sé de los
derechos humanos: su contenido vino dado por el estado de la lucha de
clases en su momento, y éste variará en tanto en cuanto nuestra lucha
avance o retroceda.

La representatividad, ¡¿más allá de las urnas?!

Las urnas, ese espacio de “libertad” y “democracia”. Donde todos
nuestros anhelos son depositados sin tapujos; donde nuestros sueños se
explicitan y se hacen carne a través de nuestros representantes. Esa
es la idílica realidad que se nos dibuja día tras día. Pero hete aquí
que tras varias décadas de “expresión popular”, nuestros sueños y
esperanzas no sólo no se han cumplido, sino que hemos comprobado la
llegada de nuevos temores y pesadillas. Así las cosas, muchos nos
hemos ido dando cuenta de que quizás, sólo quizás, los intereses de
los explotados no tengan demasiada cabida en las urnas, y por ende
tampoco en su democrático parlamento. Un parlamento que, no podía ser
de otra forma teniendo en cuenta las condiciones de partida, sólo
puede ser suyo, y no nuestro. Y sólo puede ser así porque sólo quienes
explotan el trabajo ajeno disponen de los medios suficientes para
hacer valer sus intereses en el mismo. En una sociedad dividida en
clases, los intereses e ideas dominantes son, y sólo pueden ser, la
expresión de la clase dominante.

Sin embargo, es innegable que los intereses de los de abajo han sido
transmitidos y representados mucho más en los cientos de asambleas
celebradas por toda España que en toda la historia del parlamento de
este país. Y curiosamente, esa representatividad, esa legitimidad que
todo el mundo puede observar, ha sido realizada sin el concurso de sus
vetustas ánforas de vidrio.

Si en el sistema de esclavitud asalariada el dinero es la expresión de
la explotación económica que sufrimos, las urnas son la
materialización de la explotación política a que nos vemos sometidos.
Flaco favor estaríamos haciendo a nuestra propia liberación si
persistiésemos en la perpetua idealización y fetichización de ambos
conceptos.

Colectivo Jóvenes Indignados (jóvenes_indignados@hotmail.com)

http://www.lahaine.org/index.php?p=54349

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